Comisión multisectorial y fiscal ambiental  inspeccionaron zonas de contaminación minera ambiental en ese distrito liberteño, tras denuncia contra Cía. Milpo.  Informe debe salir en breve

Quizá fue un día histórico para Sayapullo. Quizá la justicia ecológica, tantas veces errada, tantos años esquiva para este pueblo minero de más de 8 mil habitantes y una pobreza periférica que lacera el alma, llegó por fin. Y lo hizo, quizá, ataviada con indumentaria moderna de camisa, jean y zapatillas y un colgante de fina seda rojiblanca al cuello y placa dorada en su vértice con la inscripción “Poder Judicial”.  Durante tres días,        del 12 al 14 de mayo, el Fiscal de Prevención del Delito Especializado en Materia Ambiental, Luis Rodríguez Musto, pisó el distrito ubicado en la provincia de Gran Chimú y a seis horas vehiculares desde Trujillo, para constatar, in situ, los graves niveles de contaminación ambiental que la zona soporta desde hace más de 100 años como parte del irresponsable accionar de entidades mineras formales e informales. En la diligencia de inspección preventiva, inédita en la zona por su carácter multisectorial, participaron representantes del Ministerio Público, Dirección General de Salud, Osinergmig Trujillo, Defensoría del Pueblo, División Criminalística de la Policía Nacional del Perú, Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, el Consejo Directivo de Remediación Ambiental y Retorno de la Minería Responsable de Sayapullo que preside el alcalde de ese distrito, Amancio Rodriguez, algunos líderes de la comunidad y funcionarios de la empresa demandada, Grupo Milpo, actual propietaria de Corporación Minera San Manuel (CMSM).

Como se recuerda, CMSM estuvo instalada en la zona a través del proyecto de explotación polimetálica Sayaatoc. Empero, hace dos años, luego que su dirección administrativa matriz, Atacocha, fuera adquirida por Milpo, la unidad minera dejó de operar y con ello las intenciones de remediación ambiental o Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros que tenía sobre los caudalosos afluentes de agua ácida y enormes relaveras que ocupan el poblado y que hoy, según argumentan representantes de la transnacional peruana – Milpo- , esta no tendría obligación de asumir. Al cabo de ese tiempo y, en vista que el referido plan de cierre no se ha efectuado y, según declaraciones del alcalde Rodríguez Vigo, “la empresa Milpo no había demostrado ninguna intención de remediar o siquiera dialogar con la comunidad o mi persona”, los sayapullinos decidieron formar un comité de defensa y hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público.

Impresionante relavera al aire libre. Una de las varias que ocupan Sayapullo y destruyen su naturaleza cada día.

Sólo la poza de relaves Higospampa, una de las ocho existentes, tiene un tamaño superior – en largo y ancho- al estadio Mansiche y motivó sorprendidos comentarios por parte de la nutrida comitiva que durante tres días recogió muestras líquidas y sólidas en lugares estratégicos – como el propio Higospampa, relavera Santa Rosa, el  río Sayapullo, la quebrada el Palto y algunas bocaminas-   con el fin de, en un plazo no mayor de 20 días –según plazo determinado por el propio fiscal-, emitir informes técnicos correspondientes y continuar el proceso judicial.

En tanto, miles de sayapullinos, amparados en su comité de defensa y su fe en la justicia que, quizá, arribó al “manto de nieb”la (término quechua que da significado al nombre del poblado), esperan impacientes. La situación es tan delicada que incluso, la Defensoría del Pueblo, ha incluido el caso en su último reporte sobre conflictos sociales medioambientales.

N. Datos tomados del diario La Industria de Trujillo. A la fecha, el fiscal Rodríguez Musto aún no se pronuncia y la ciudadanía sayapullina espera ansiosa.